Fuente: El MERCURIO
El senador José García Ruminot (RN) elaboró un catastro a partir de información de la Dirección de Presupuestos, en el que individualiza nueve reparticiones públicas en que existiría espacio para reasignar recursos. Pero a juicio del senador Carlos Montes (PS), antes que recortar recursos, Hacienda debe buscar fórmulas para ejecutar todo el presupuesto disponible. Pablo Obregón Castro
En tiempos de vacas flacas, reasignar parece ser la consigna en Teatinos 120. Y también en el Congreso.
Las magras cifras de crecimiento económico -0,5% en julio, el peor desde agosto de 2014-, un precio del cobre persistentemente bajo y avances legislativos en reformas que introducirán mayor presión al gasto fiscal configuran el escenario que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dibujó claramente este lunes, en una presentación que realizó ante los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
El jefe de las finanzas públicas planteó la necesidad de realizar reasignaciones y modificar las coberturas de programas en ejecución. ¿Dónde? En los ministerios de Energía, Agricultura, Minería, Economía, Justicia, Mujer, Bienes Nacionales y Educación.
En paralelo, la oposición también está delineando cuáles son los servicios y programas donde podrían efectuarse recortes o, lisa y llanamente, eliminar ciertos gastos. El senador de la Comisión de Hacienda José García Ruminot (RN) elaboró, sobre la base de datos oficiales de la Dirección de Presupuestos (Dipres), un catastro en el que individualiza nueve reparticiones públicas en que existiría un amplio espacio de reasignación de recursos.
De acuerdo a este catastro, la Corporación de Fomento de la Producción, el Comité Innova Chile, la Subsecretaría de Educación Parvularia, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Televisión, el Servicio Nacional del Adulto Mayor y el Instituto Nacional de Deportes (IND) disponen de un aporte fiscal libre de US$ 1.771 millones. De ese total, habían ejecutado a julio de este año US$ 412 millones, equivalentes al 23% del total (ver infografía).
El aporte fiscal libre corresponde a dineros que se dejan en el Tesoro Público para destinarse durante el año a diferentes instituciones del Estado para financiar sus programas.
Según este catastro, entidades como la Subsecretaría de Educación Parvularia y el Comité Innova Chile prácticamente no habían ejecutado nada de esos dineros a julio de este año.
«Donde no haya ejecución o donde sea muy baja, hay que repensar la destinación de esos recursos y dirigirlos a educación, pago de la deuda hospitalaria o aumentar el per cápita para salud primaria», señala el senador.
A la escasa ejecución presupuestaria de estos organismos se suma otro criterio que, según la oposición, debería dar lugar a reprogramación de gastos: la evaluación que realiza la propia Dipres.
Carlos Ríos, director del área económica social de la Fundación Avanza Chile -plataforma relacionada con el ex Presidente Sebastián Piñera- identificó ocho programas que han sido evaluados de manera insatisfactoria y que, a su juicio, podrían revisarse ante la evidente escasez de recursos.
Entre otros, el investigador identifica los programas Más Capaz; Escuela de Formación Sindical; Beca de Retención Escolar; Mujer Trabaja Tranquila; Consejo Nacional de la Infancia; Educación Intercultural Bilingüe; Fomento a la Calidad de la Formación Inicial de Docentes, y el Programa Nacional de Alimentación Complementaria. En total, estos ocho programas totalizan un gasto anual de US$ 223 millones, según la Fundación Avanza Chile.
«A pesar de que el próximo es un año electoral, al Gobierno se le acabó la plata para concretar un presupuesto expansivo en 2017, por lo que, según lo que el propio ministro de Hacienda ha señalado, esta discusión presupuestaria debería estar marcada por una reasignación y recorte de aquellas áreas que no han mostrado una buena evaluación», indica Ríos.
Una visión distinta tiene el senador Carlos Montes (PS). A su juicio, antes que recortar recursos, el Ministerio de Hacienda debe buscar fórmulas para ejecutar todo el presupuesto disponible -lo que no se ha dado en áreas como salud y educación- y si finalmente se reasignan recursos, estos deben ir íntegramente a financiar inversiones y no gasto corriente, señala.
EL JEFE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, Rodrigo Valdés, planteó la necesidad de realizar reasignaciones y modificar las coberturas de programas en ejecución.
A JULIO DE ESTE AÑO se ha ejecutado el 23% del total del presupuesto destinado a los programas que disponen de un aporte fiscal libre.