Daniel Olivares
Fuente: El mostrador
El 19 de junio vivimos por primera vez un proceso de primarias legales, instancia que busca ampliar los procesos de participación y definición ciudadana saliendo del clientelismo de las fuerzas políticas. Sin embargo, la participación en el proceso fue minoritaria: solo el 5,5% del total de votantes. Pero… ¿será la baja participación el verdadero ausente de estas elecciones?

En Chile, la primera infancia ha vivido un ausentismo electoral y programático que no distingue colores políticos ni sociales, pese al consenso de que esta etapa es clave para la disminución de las desigualdades. Y clave, también, para otorgar herramientas equitativas y potenciar el desarrollo neurológico. No obstante, cómo los gobiernos locales han abordado la primera infancia deja mucho que desear.

Según una encuesta del Consejo de la Primera infancia, el 98% de los gobiernos locales está de acuerdo con que los niños y niñas son importantes para el futuro de nuestro país. Es más, el 99% está de acuerdo con invertir más y mejor en esta etapa. Sin embargo, del 70% de los municipios en Chile que no cuenta con un plan para abordar la niñez, además del 30% que sí declara tenerlo, el 22% lo desplegó de forma no participativa. A esto se suma el desgarrador dato de que la mayoría de nuestras autoridades locales piensa que los derechos de los niños y niñas migrantes son secundarios respecto de los derechos de los niños y niñas nacidos en el país.

Pese a los esfuerzos de los distintos gobiernos en materia de cobertura, calidad, protección e intersectorialidad, las políticas públicas no han tenido una bajada sistémica en los municipios. La mayoría denuncia que lo que más dificulta la priorización de la primera infancia es la falta de presupuesto, profesionales y autonomía para tomar decisiones internas. Esto nos obliga a recapitular las prioridades del país que estamos construyendo.

La frase cliché de que los niños y niñas no votan ni marchan, hoy cobra total sentido. Las prioridades electorales siempre han estado centradas en un solo objetivo: ganar las elecciones. Hoy demandamos ampliar esa mirada, potenciar el desarrollo de la primera infancia desde lo local y comenzar la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Pese a los esfuerzos de los distintos gobiernos en materia de cobertura, calidad, protección e intersectorialidad, las políticas públicas no han tenido una bajada sistémica en los municipios. La mayoría denuncia que lo que más dificulta la priorización de la primera infancia es la falta de presupuesto, profesionales y autonomía para tomar decisiones internas. Esto nos obliga a recapitular las prioridades del país que estamos construyendo.
Este sistema de protección integral debe ser un derecho social que no discrimine entre niveles socioeconómicos. Creer que el desarrollo de la primera infancia está asegurado por una condición familiar favorable es desconocer las problemáticas transversales que se viven en esta etapa.

Invertir en primera infancia trae un retorno ocho veces mayor que en otras etapas educativas. Esto implica no solo beneficios económicos sino también sociales.

Si nos comprometemos a considerar la primera infancia como un baluarte en sí mismo, dejando atrás esa noción de que los niños y niñas son el futuro de Chile y pasamos a considerarlos como sujetos de derechos en el aquí y ahora, tenemos la certeza de que nos ahorraremos la discusión sobre la vuelta a la obligatoriedad del voto y nuestros niveles de participación cívica legitimarán cualquier proceso eleccionario posterior. Habremos construido una sociedad más justa.